Un nuevo 'dilema' para la Generalitat: 40 millones de euros o ITV deficientes

¿Puede la nueva Generalitat de PP y Vox revertir lo revertido y volver a privatizar el servicio de ITV uno meses después su conversión a empresa pública? Los problemas generados por el fin de las concesiones ha generado un descontrol tal que el nuevo Consell debe de tomar una decisión: optimizar el servicio a pérdidas o volver a la gestión privada con ingresos que podrían llegar hasta los 40 millones de euros el primer año.

En los últimos 25 años, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) han sido gestionadas por entidades privadas, marcando un período de desarrollo y expansión. Sin embargo, en los últimos 7 meses, desde su paso a manos públicas, se han revelado una serie de irregularidades que han dejado una profunda huella en la eficiencia y accesibilidad de este servicio esencial para la seguridad vial y la industria del transporte.

Entre las principales irregularidades que se han reportado durante los primeros meses de funcionamiento de la Sociedad Valenciana de ITV (SITVAL), nombre que se le ha puesto a la nueva empresa pública, están: abuso de contratos menores, la falta de auditorías de personal necesario, la eliminación de pruebas importantes como la sonometría, y la adjudicación de contratos de alto valor sin un proceso de concurso transparente.

A todo esto se le debe de sumar una huelga de trabajadores programada para el próximo mes de octubre debido al incumplimiento del acuerdo de equiparación salarial alcanzado el pasado mayo.

Toda esta cantidad de problemas han provocado que, actualmente, se estén realizando un 10% menos de inspecciones, lo que desencadena en demoras de las citas, habiendo llegado, en algunos casos, a los tres meses de espera. Pese a la reducción de pruebas, desde la reversión los talleres de ITV no realizan sonometrías, lo que reduce un 25% del tiempo que se le dedica a cada inspección, el tiempo de espera de las citas ha aumentado superando los dos meses. Esta situación obliga a que algunos profesionales del transporte opten por desplazarse a otras comunidades con tal de agilizar el proceso.

Ante esta situación, la nueva consellera de Industria, Nuria Montes, dejo entrever que una solución que devolviera la eficacia y accesibilidad al servicio sería una nueva privatización. Además, se sugiere la adopción de algún convenio sectorial similar al de alguna otra comunidad autónoma, que conduzca a tarifas justas que reflejen junto con los costos asociados al alquiler de instalaciones y el canon a la Generalitat Valenciana.

La propuesta de volver al ámbito privado y la adopción de tarifas justas son pasos que se pueden dar hacia la recuperación de un servicio vital para la seguridad vial y la economía. En los próximos meses se espera un debate sustancial sobre el futuro de las ITV en esta Comunitat con la esperanza de que se encuentre una solución que beneficie a todos los involucrados.

Listas de espera también en las ITV tras la reversión pública

Las empresas que han gestionado este servicio los últimos 25 años, por regla general, son empresas valencianas que compraron

La propuesta de volver al ámbito privado y la adopción de tarifas justas son pasos potenciales hacia la recuperación de un servicio vital para la seguridad vial y la economía. En los próximos meses, se espera un debate sustancial sobre el futuro de las ITV en esta Comunidad, con la esperanza de que se encuentre una solución que beneficie a todos los involucrados.

Los conceptos anteriormente mencionados cómo, canon fijo, canon variable, alquiler de todos los centros... podría representar un ingreso, nada desdeñable para las arcas públicas, de alrededor de 40 M de euros, en el primer año, eso sin tener en cuenta la construcción de nuevos centros para acercar el servicio a los ciudadanos.

Eso o exponernos a prestar un servicio deficiente y con posibles pérdidas que debamos de asumir, en un momento tan importante para la contención del gasto, con el objetivo de reducir impuestos, tal como prometió nuestro presidente.