El Presidente de la IPEF, José Ramón Riera
El PSOE convierte la Diputación de Badajoz en una máquina de duplicar gastos: 46 millones bajo sospecha
El Instituto para la Economía Eficiente denuncia que una quinta parte del presupuesto de las diputaciones extremeñas se destina a competencias que ya corresponden a la Junta. El despilfarro alcanzaría los 81 millones entre Badajoz y Cáceres.
Mientras los ciudadanos pagan cada vez más impuestos, las administraciones continúan engordando estructuras, organismos y programas que se solapan entre sí. Un laberinto burocrático especialmente rentable para los partidos, pero ruinoso para el contribuyente.
El Instituto para la Economía Eficiente (IPEF), presidido por José Ramón Riera, ha puesto cifras a esta forma de despilfarro. Su denominado “mapa de duplicidades” detecta 46 millones de euros en gastos ineficientes en la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE.
La institución provincial estaría destinando dinero a políticas de empleo, turismo, ocio y cultura pese a que esas competencias ya cuentan con consejerías, organismos y presupuestos propios dentro de la Junta de Extremadura.
Es decir, el ciudadano paga dos veces para que dos administraciones hagan tareas similares.
El cortijo institucional del PSOE
El problema no reside únicamente en una partida concreta, sino en una forma de utilizar las instituciones. La Diputación de Badajoz se introduce en áreas que no le corresponden, multiplica organismos y sostiene estructuras cuya utilidad resulta difícil de justificar.
El informe coloca bajo el foco partidas como las destinadas a oficinas y organismos culturales, entre ellas la Oficina de Artes Escénicas. Todo ello dentro de una institución que, según el análisis del IPEF, acumula 46 millones de euros en actuaciones duplicadas.
El PSOE gobierna la Diputación de Badajoz y aprovecha así una administración provincial para ocupar espacios políticos y presupuestarios que ya cubre el Gobierno autonómico. Una forma de mantener influencia, cargos y capacidad de repartir fondos públicos aunque las competencias correspondan a otros organismos.
81 millones tirados en Extremadura
El análisis también cifra en alrededor de 35 millones el gasto duplicado de la Diputación de Cáceres. Entre ambas instituciones, la factura asciende a 81 millones de euros sobre un presupuesto conjunto de 408 millones.
En torno al 20% de todo el dinero gastado por las diputaciones extremeñas estaría dedicado, por tanto, a actividades duplicadas o ineficientes.
En Badajoz, el porcentaje se aproxima al 21%. En Cáceres ronda el 19%. No se trata de unos pocos contratos menores ni de errores administrativos aislados, sino de decenas de millones que podrían permanecer en los bolsillos de los ciudadanos.
Un despilfarro de 4.000 millones en toda España
El problema se extiende por buena parte del país. Las diputaciones manejan unos 20.000 millones de euros al año y el IPEF estima que alrededor del 20% puede estar afectado por duplicidades.
La cifra total alcanzaría los 4.000 millones anuales.
La mayoría de las diputaciones analizadas presentan porcentajes de ineficiencia situados entre el 18% y el 25%. Solo algunas, como Zaragoza y Ávila, se mantienen por debajo del 10%, lo que demuestra que una gestión más austera es posible cuando existe voluntad política.
El instituto prepara estudios sobre Aragón, Castilla y León y Andalucía. Posteriormente analizará ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Su estimación inicial apunta a que el gasto público ineficiente podría superar los 100.000 millones de euros.
Hasta 350 euros menos por familia
La propuesta del IPEF es tan sencilla como incómoda para quienes viven de aumentar el tamaño de la Administración: eliminar las duplicidades y devolver íntegramente el ahorro a los ciudadanos.
En Extremadura, los 81 millones detectados permitirían suprimir el Impuesto sobre Actividades Económicas y crear un fondo para que los municipios redujeran el IBI, el impuesto de circulación y las plusvalías.
El ahorro equivaldría a más de 100 euros por habitante y cerca de 350 euros por familia.
El caso de Badajoz vuelve a demostrar que el problema de España no es que los ciudadanos paguen pocos impuestos. El problema es que instituciones gobernadas durante años por el PSOE gastan demasiado, invaden competencias ajenas y convierten cada necesidad pública en una nueva oficina, un nuevo organismo y otra partida presupuestaria.
Después, cuando las cuentas no cuadran, la solución siempre es la misma: volver a meter la mano en el bolsillo del contribuyente.