Sánchez permitirá una 'excarcelación masiva' de etarras si no mueve ficha

Las excarcelaciones y el acercamientos de presos de ETA pueden culminar pronto en una "excarcelación masiva" si el Gobierno de Sánchez no lo frena a tiempo. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha señalado al Gobierno y ha alertado que si no se recurre a tiempo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede acabar sirviendo de modelo para dar la libertad a los etarras que quedan en las cárceles españolas.

Los servicios jurídicos del Estado remitieron la pasada semana un breve escrito al Tribunal Supremo en el que se informaba de que están valorando recurrir la resolución pero sin llegar a una decisión firme, por lo que el recurso aún no se ha formalizado y el plazo para hacerlo acaba en unos días, el próximo 18 de abril.

La sentencia en cuestión, sobre régimen de incomunicación, consideró vulnerado el derecho a un proceso justo al miembro de ETA Xavier Atristain. Si la resolución adquiere firmeza, provocaría una cadena de reclamaciones de indemnización del resto de arrestados en las mismas circunstancias.

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Lo sucedido se remonta a 2010. Tras su arresto, el 29 de septiembre, la Audiencia Nacional ordenó la detención incomunicada del miembro de ETA. La decisión se adoptó para no frustrar una investigación en marcha para la localización de explosivos. Se encuentra contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Durante el plazo de incomunicación, Atristain contó con la asistencia de un abogado de oficio que le informó de sus derechos y estuvo presente en las dos declaraciones realizadas el 1 y el 3 de octubre. 

La normativa antiterrorista del ordenamiento jurídico recoge la medida de la incomunicación como un sistema excepcional. Se caracteriza, precisamente, por la imposibilidad de designar abogado de confianza, de entrevistarse reservadamente con el abogado de oficio o con familiares u otras personas que el detenido desee.

 Atristain consiguió que Estrasburgo le estimara el recurso y condenara a España a indemnizarle con la cantidad de 12.000 euros en concepto de daño moral sufrido. Fue condenado a 17 años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada y tenencia y depósito de armas y municiones. Quedó en libertad el pasado 17 de febrero en cumplimiento de esta sentencia.

Peligro de un gran desembolso en indemnizaciones

En este contexto, la AVT alerta de que, en caso de que la Abogacía del Estado no presente este recurso, "se corre el riesgo de que se consolide esta jurisprudencia del TEDH". Esto supondría la excarcelación de muchos presos etarras que aleguen que se les tomó declaración en régimen de incomunicación.

"Y no sólo esto", añade la AVT, "de llegar a este terrible punto, España tendría que hacer un gran desembolso económico en forma de pago de indemnizaciones a todos los etarras ya en libertad que aleguen este hecho y pidan la anulación de su condena y su correspondiente indemnización".

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La AVT subraya que España se encuentra en la "tesitura de elegir el camino bueno" y no sólo recurra la sentencia a través de la abogacía del Estado a la Gran Sala, sino que también empiece a realizar la "labor de pedagogía necesaria para demostrar a los miembros del Tribunal de Estrasburgo que el régimen de incomunicación no necesariamente implica vulneración de derechos".

Por este motivo, la AVT exige en un comunicado que se hagan las cosas bien, "como se han hecho en los casos en los que el TEDH ha avalado la doctrina española y ha negado a los presos de ETA y Grapo descontar el tiempo cumplido en prisión en Francia en relación con la condena que cumplirán en España". "Claramente el camino incorrecto es el que se tomó cuando la derogación de la Doctrina Parot y se abrió una herida que aún supura en las víctimas del terrorismo", apuntan.

Y es que Sánchez y Marlaska aún tienen días para hacer bien las cosas cortar de raíz el problema que podría llegar si no se recurre esa sentencia, pues los etarras en prisión podrían solicitar su excarcelación por la misma vía que ha sacado a Xavier Atristain de prisión, además de sacar tajada del Estado con una gran indemnización.