El presidente del Constitucional se hace el sordo con las presiones de Sánchez

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha roto su silencio con una inusual entrevista en la Cope en la que ha aceptado pronunciarse sobre el funcionamiento de la institución, sumida en una fuerte polémica por la combinación de las críticas del Gobierno, su división interna y su resolución que declaró ilegal el confinamiento general incluido en el primer estado de alarma.

En un tono conciliador, al menos hacia Pedro Sánchez, Rivas ha negado la existencia de "presiones" del Gobierno que, sin embargo, ha llegado a denunciar la vicepresidenta del órgano, la magistrada Encarnación Roca y han expuesto públicamente al menos dos ministras, Pilar Llop y Margarita Robles, titulares de Justicia y de Defensa, respectivamente.

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A ese respecto, el presidente del Constitucional ha hecho oídos sordos o, sorprendentemente, las ha aceptado con normalidad, incluyendo las presiones del poder Ejecutivo en el saco de la "crítica y de la libertad de expresión". Incluso llegó a destacar que Sánchez "acató" la resolución y que la salida en tromba de sus ministros "no transgrede el respeto institucional".

Guiños a Moncloa

Su permisividad hacia Moncloa contrasta con la queja unánime de la práctica totalidad de las asociaciones de magistrados, de fiscales y de abogados que, desde hace meses, denuncian en España y en Europa las injerencias del Gobierno en la independencia judicial. Este mismo martes, Bruselas le recordó a Sánchez la necesidad de respetar la separación de poderes, amén de mencionar el inusual nombramiento de una exministra, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado.

Pese a ese contexto, Rivas ha quitado hierro a todas las polémicas, negando incluso que haya un pulso entre el poder Ejecutivo y el Judicial, del que el Constitucional no forma parte, a pesar de que el PSOE y Podemos han llegado a impulsar una "ley exprés" para paralizar el funcionamiento del CGPJ hasta que no se renueve con arreglo a sus intereses, algo a lo que el PP se ha negado en rotundo.

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La única concesión del presidente, que suena para otros destinos de altura cuando su Tribunal sea renovado, llegó con el recuerdo de que el procedimiento de renovación de los órganos de la Justicia está marcado por la Constitución: "Hacen falta 3/5 del Congreso, 210 diputados".

Pero la árnica prevaleció, hasta el punto de quitar importancia a la tormenta creada por uno de los miembros del Tribunal, Conde Pumpido, que en su voto personal en la resolución contra el estado de alarma. "Generó un notorio malestar, ha sido corregido por el magistrado tras mi mediación y desde el punto de vista institucional no existe ruptura".

Finalmente, sobre la posibilidad de que el mismo órgano anule también la prórroga de seis meses del segundo estado de alarma de Sánchez, se limitó a presagiar una rápida resolución, sin entrar en detalles.