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El Gobierno despilfarra medio millón en seguros para los coches oficiales
Hacienda gastará casi 150.000 euros más que en el anterior contrato de seguros para todos los vehículos oficiales del Gobierno.
Medio milón de euros, ese es el dinero destinado por el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero para renovar los seguros de los 902 vehículos oficiales que conforman el Parque Móvil del Estado. En concreto son 454.389 euros, casi 150.000 euros más que el anterior contrato que databa del año 2020 y era de un importa de 309.821 euros.
El coste medio del seguro por vehículo es de 500 euros. Según los pliegos, se van a asegurar 825 coches oficiales, 25 vehículos comerciales, 2 camiones, 6 autocares y 44 motocicletas. Aunque la memoria del Parque Móvil asegura que solo se hace uso habitual de 638 vehículos. Llama la atención que el Ministerio de María Jesús Montero vaya a adquirir seguros para 902 vehículos, pues suponen 364 más de los que, en teoría, el Estado utiliza de manera frecuente.
El aumento de la flota de vehículos se debe a que el Gobierno dedicó en los PGE de este año 1,7 millones a la compra de 118 nuevos coches oficiales, lo que supuso incrementar la flota en un 20% pese a no utilizar gran parte de los vehículos asiduamente. El Gobierno justificó la inversión señalando que "la obsolescencia de la flota del Parque Móvil es muy acusada".
El gasto no termina ahí, y es que a la compra de nuevos vehículos, al seguro y el mantenimiento hay que sumar el gasto en lavados. En concreto, el Ejecutivo ha contratado 7.866 lavados para los vehículos oficiales, ascendiendo la factura por este servicio a 76.142 euros, 6.446 más que lo que costó en 2021.
Por último, cabe destacar que no hay que confundir a los coches del Parque Móvil del Estado con los que se utilizan en el Congreso de los Diputados y del Senado y es que son vehículos y partidas presupuestarias diferentes. La Cámara Alta, por ejemplo, ha destinado casi un millón de euros de su presupuesto para alquilar 15 automóviles híbridos enchufables del que puedan hacer uso los grupos parlamentarios los próximos cinco años.
