Jaume Roures vuelve a salir al auxilio de Pablo Iglesias en su última aventura

Ya lo avisó cuando dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid y perdió los comicios. Pablo Iglesias no se iba a quedar callado y, efectivamente, le ha cogido el gusto a los medios de comunicación. Participa cada semana en el Ágora de Hora 25, en la Cadena SER, en la radio pública catalana, escribe en algún que otro digital y se exhibe cada tarde en el podcast La Base, que pertenece a Público. 

En este último programa anunció hace semanas la creación de nuevo medio de comunicación llamado Canal Red, que saldría al aire con el apoyo popular a través de un proceso de crowdfunding. Hasta ahora, el dinero recaudado ha superado con poco los 400.000 euros y se desconoce cuándo comenzará con sus emisiones, aunque la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo podría precipitar su salida. 

"Cuando miras el Parlamento, te das cuenta que hay gente que piensa y vota de maneras muy diferentes. Sin embargo, cuando enciendes la televisión o la radio todas dicen básicamente lo mismo. La pluralidad de la sociedad no se corresponde con el monopolio que la derecha impone a los grandes medios de comunicación", afirmó Iglesias al anunciar la creación de su nuevo medio de comunicación. 

Ahora se ha constatado algo que muchos pensaron cuando se realizó dicho anuncio. Que Pablo Iglesias volvería a contar con el apoyo económico de Jaume Roures, el dueño de Mediapro, de Público y, entre otras muchas cosas, principales avalista de Joan Laporta al frente del Fútbol Club Barcelona. 

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Ha sido El Mundo el que ha publicado que una empresa denominada Melancolic Films S.L., en la que el empresario catalán Jaume Roures figura como administrador único, ha sido la encargada de registrar la marca Canal R(e)d, cuyo nombre está tan estrechamente ligado al del nuevo proyecto comunicativo del exvicepresidente del Gobierno. Según el rotativo madrileño, la solicitud se publicó el pasado 12 enero y, si no se presentan alegaciones, en un plazo de tres meses la marca pasaría a ser propiedad de esta productora, que no tiene empleados ni tampoco actividad.