Sánchez, más herido que nunca y también más peligroso: dispuesto a reventar la convivencia para seguir en el poder

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha desatado un terremoto político que no sólo golpea al Gobierno, sino que revela y pone de manifiesto el estado real del 'sanchismo': un poder debilitado pero dispuesto a llevar al país a un choque institucional nunca antes visto en democracia con tal de aferrarse al sillón.

El fallo, que condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en el ejercicio de su cargo con el objetivo de dañar de manera intencionada la imagen de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a través de información delicada sobre su pareja, no es una resolución más. Así lo defienden y transmiten desde el Partido Popular, formación destinada a intentar sacar a Pedro Sánchez de Moncloa.

Han sido numerosas las reacciones estos días tras la noticia que ha sacudido los cimientos del escenario político y judicial patrio. Por ejemplo esta misma mañana Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha insitido en que estamos hablando de una sentencia “histórica” porque demuestra que en España aún hay Justicia capaz de frenar los abusos del poder: “Nadie puede situarse por encima de la ley, se llame como se llame”.

Sánchez, deslegitimado después de defender al fiscal general... y seguir haciéndolo

Los populares van más allá. Si García Ortiz actuó como “peón del sanchismo”, como denunció Gamarra o también el propio Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez no está moral ni políticamente habilitado para nombrar a su sucesor. Y es que lo hará —afirman— con el mismo método: colocando al frente de la Fiscalía a quien garantice la protección de los suyos.

Por eso, el PP exige una salida institucional clara y la única posible para dar a los españoles la oportunidad de elegir tras tantos escándalos: disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones. España necesita, tal y como sostienen desde Génova 13, un nuevo Gobierno capaz de respetar la separación de poderes.

El ataque al Supremo, la línea roja

Pero de lo más grave, a ojos del PP, es la reacción del Ejecutivo tras conocerse la sentencia. Desde el PSOE y los ministerios se ha insinuado prevaricación, se ha señalado a los jueces y se han cuestionado los fundamentos del fallo. Ya lo han hecho con el resto de casos que sobrevuelan la cabeza del líder del PSOE, con su mujer y su hermano por ejemplo, pero en este caso, con sentencia firme sobre la mesa, siguen al ataque. Sin ir más lejos este viernes ha sido primero Óscar López en la cadena SER y después durante la tarde Pilar Alegría los que han criticado, de nuevo, la decisión del Supremo.

Ataques directos al Alto Tribunal que para Gamarra son de “máxima gravedad”. Porque si algo queda demostrado, afirman, es que la independencia judicial sigue intacta “a pesar de tener un Gobierno que lucha contra la ley denodadamente”. También para la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha señalado directamente a un Sánchez que intenta presentar el respeto a las sentencias como si fuera contrario a la voluntad popular, alimentando la idea de que el Poder Judicial actúa contra la democracia.

Un discurso peligroso, dice, amplificado por los “satélites mediáticos” del Ejecutivo, que ya hablaban de “golpismo judicial” incluso antes de que el Supremo se pronunciara. Para los populares, esta estrategia revela algo mucho más profundo: el PSOE ya no es una socialdemocracia homologable a Europa, sino un partido dispuesto a “reventar la convivencia” y a “saltarse cualquier límite con tal de mantenerse en el poder”.

Tras la sentencia, la legislatura entra en un territorio desconocido y peligroso. El PP avisa de que España vive una crisis institucional que exige una salida democrática, y esa salida sólo puede pasar —dicen— por dar la palabra a los ciudadanos en las urnas. Algo que desde luego parece alejado de la mente de un Sánchez herido pero más peligroso que nunca.