El PP cita a Montero, Robles y Hereu por el gasto en Defensa sin control parlamentario

El Partido Popular ha decidido llevar al Parlamento a varios miembros del Gobierno para exigir explicaciones sobre el gasto en Seguridad y Defensa en un contexto marcado por la guerra en Irán y por decisiones recientes del Ejecutivo que, según los populares, se han tomado sin el control parlamentario necesario.

La formación ha registrado solicitudes de comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que acudan la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El objetivo es que detallen la planificación estratégica y la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026.

Desde la dirección del PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha denunciado que el Gobierno ya está adquiriendo “nuevos compromisos de inversión” en Seguridad y Defensa para 2026 pese a que el país sigue funcionando con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, aprobados en la legislatura anterior.

Falta de control parlamentario

Los populares sostienen que el Ejecutivo está modificando partidas presupuestarias y tomando decisiones de gasto sin informar previamente al Parlamento. Gamarra ha puesto como ejemplo la transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el último Consejo de Ministros o el envío de la fragata Cristóbal Colón, decisiones que —según el PP— se han adoptado “sin consentimiento, autorización ni explicaciones en el Congreso”.

Ante esta situación, el grupo parlamentario quiere que los ministros implicados aclaren cómo se están financiando las nuevas inversiones en defensa, qué partidas presupuestarias de otros departamentos se están utilizando y cuál es la planificación concreta prevista para el ejercicio 2026.

Además, el PP solicita información detallada sobre los adjudicatarios de los contratos incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que en 2025 suman 33.936 millones de euros, así como sobre los criterios de subcontratación, los mecanismos de financiación empleados y la capacidad industrial y tecnológica de las empresas beneficiarias.

Críticas a la opacidad en los contratos de defensa

El Partido Popular asegura que lleva meses alertando de la falta de transparencia con la que, a su juicio, el Gobierno está gestionando la política de inversión en Seguridad y Defensa.

En noviembre pasado, el grupo ya solicitó la comparecencia de Margarita Robles y Jordi Hereu en el Congreso para explicar los procedimientos de adjudicación utilizados en los programas incluidos en el plan industrial de defensa, así como los criterios aplicados para la concesión de préstamos directos a empresas del sector.

Según los populares, estas comparecencias siguen sin producirse y la ministra de Defensa “rehúye las sesiones de control” y bloquea su presencia en la Cámara para dar explicaciones sobre estas inversiones.

El PP sostiene que el objetivo de su iniciativa es garantizar que las adjudicaciones no respondan a criterios arbitrarios y que las empresas seleccionadas cuenten con la capacidad suficiente para ejecutar los proyectos y responder a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas.

Para la formación, la política de inversión en defensa debería servir además para reforzar la soberanía industrial de España en este ámbito estratégico.