Militares denuncian trabas administrativas: limitación de 33 años para los buzos

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha alzado la voz contra la última resolución del Ministerio de Defensa, a la que acusa de perpetuar prácticas administrativas contrarias a la normativa vigente y perjudiciales para los derechos del personal militar. La organización considera que se están imponiendo exigencias innecesarias que, lejos de facilitar la gestión, obstaculizan la tramitación de expedientes personales.

En el centro de la polémica se encuentra la Propuesta Nº 06/2026 presentada por la UMT en el pleno del COPERFAS, con la que se pretendía adaptar la Nota de Información Corporativa (NIC) aplicada por la Armada a la legislación actual. Sin embargo, según denuncian, esta instrucción interna sigue obligando a contar con una «autorización expresa» para procedimientos que deberían realizarse automáticamente por la Administración.

Desde la asociación subrayan que esta práctica vulnera lo recogido en la Ley 39/2015, al exigir documentación o consentimientos que la propia Administración ya posee o puede recabar por medios electrónicos. Además, advierten de que una simple nota informativa no puede introducir condiciones que contradigan normas de rango superior como el Real Decreto 719/2017.

La UMT también denuncia que este modelo genera una carga burocrática innecesaria para los militares, trasladándoles responsabilidades que corresponden a los órganos de gestión de personal y dificultando procesos como la depuración de antecedentes.

Pero las críticas no se quedan ahí. La organización señala que esta situación forma parte de un patrón más amplio de decisiones que considera arbitrarias, como las limitaciones de acceso a determinados cursos en la Armada. En concreto, cuestionan el límite de edad de 33 años para el curso de Buceador Elemental y Nadador de Salvamento (BEN), basado en argumentos de «adaptación fisiológica» que, aseguran, no figuran en el currículo oficial.

Para la UMT, estas diferencias de criterio respecto a otros ejércitos evidencian una falta de coherencia normativa que solo puede corregirse aplicando con rigor la jerarquía legal y garantizando la igualdad de oportunidades. «Nuestra labor no es solo señalar la irregularidad, sino exigir la excelencia en la gestión de nuestra Escala. La respuesta del Ministerio no solo afecta a un expediente; afecta a la confianza del militar en sus instituciones. La UMT seguirá actuando como garante de que la legalidad no sea opcional para la Administración», afirma su presidente, Francisco José Durán Baños.

Mientras otras organizaciones guardan silencio, la UMT asegura que continuará asesorando a sus asociados y estudiando posibles acciones legales para frenar aquellas convocatorias y normativas que limiten la progresión profesional de la tropa y marinería.

«No permitiremos que una ‘rigidez administrativa’ se convierta en la excusa para no reconocer vuestros derechos. Elegir la UMT es elegir una defensa técnica, legal y sin miedo frente a los abusos de la Administración», añade Durán.

La asociación concluye haciendo un llamamiento a los militares que se consideren afectados por estas prácticas para que se sumen a su iniciativa en defensa de una carrera profesional basada en criterios justos y ajustados a la ley.