Begoña Gómez apela a la "costumbre" de las anteriores damas de Moncloa para justificar a su asistente

La utilización de asistentes por parte de las parejas de los presidentes del Gobierno en España no es una excepción, sino una práctica consolidada desde los inicios de la democracia. Así lo defiende un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Julio Víctor González García, encargado por la defensa de Begoña Gómez en el marco de la investigación judicial abierta contra ella.

El dictamen subraya la ausencia de una normativa específica en el ordenamiento jurídico español que regule el papel institucional de la pareja del presidente o las funciones de su eventual equipo de apoyo. Sin embargo, sostiene que, en la práctica, todas las cónyuges de los presidentes —desde la etapa de Adolfo Suárez hasta la actualidad— han desempeñado algún tipo de rol institucional y han contado con colaboradores para tareas organizativas, logísticas e incluso personales.

Ante este vacío legal, el informe apela a la costumbre como fuente del Derecho. Argumenta que la reiteración de esta práctica durante más de cinco décadas, junto con su aceptación social e institucional, permite dotarla de validez jurídica. En este sentido, se invocan principios recogidos en el Código Civil como la buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional.

El documento recorre distintos ejemplos históricos. En los primeros años de la democracia destaca la labor benéfica de Amparo Illana, cuya actividad habría requerido apoyo logístico. Más adelante, Carmen Romero combinó su carrera profesional con funciones institucionales, también respaldada por un equipo. Durante el Gobierno de José María Aznar, la figura del asistente se consolidó con mayor claridad: Ana Botella contó con varias colaboradoras, incluso en la organización de eventos familiares.

Situaciones similares se repiten en etapas posteriores. Sonsoles Espinosa dispuso de asistentes que la acompañaban tanto en actos oficiales como en su actividad profesional privada. Por su parte, Elvira Fernández contó con personal de apoyo, incluyendo asistentes vinculados al entorno familiar del presidente, lo que en su momento generó controversia pública.

El informe pone el foco en la naturaleza de este personal, generalmente eventual y basado en relaciones de confianza, a menudo previas a la llegada al poder. Sus funciones, señala, abarcan una amplia gama de tareas en las que resulta difícil separar lo público de lo privado, una circunstancia que, según el catedrático, es inherente a la posición de las cónyuges del presidente.

Con estos argumentos, la defensa de Begoña Gómez trata de desmontar las acusaciones en su contra, sosteniendo que las labores desempeñadas por su asistente —como la gestión de correos o el apoyo en su actividad académica— no difieren de prácticas habituales en anteriores gobiernos. El objetivo es cuestionar la excepcionalidad del caso y situarlo dentro de una tradición institucional no escrita, pero sostenida en el tiempo.