Frente judicial
Sin inmunidad parlamentaria: Europa retira el escudo a Alvise y deja vía libre al Supremo para investigarle
La Eurocámara avala al Supremo y permite reactivar la causa por presunto acoso a una fiscal, Susana Gisbert, al considerar que los hechos no están ligados a su labor como eurodiputado

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez,
El Parlamento Europeo ha dado un paso decisivo contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez al aprobar la retirada de su inmunidad parlamentaria, una protección que hasta ahora impedía al Tribunal Supremo avanzar plenamente en la investigación abierta contra él.
La decisión se adoptó en el pleno celebrado en Estrasburgo y responde al suplicatorio enviado por el alto tribunal español. Con este aval, la justicia podrá continuar el procedimiento sin el obstáculo jurídico que supone la condición de eurodiputado.
El caso que desencadena la decisión
El origen de todo está en un presunto caso de acoso a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Según la investigación, Alvise habría difundido datos e información sobre la fiscal en un canal de mensajería, lo que provocó una oleada de mensajes ofensivos por parte de seguidores
Los hechos se remontan a principios de 2024, antes de que el político obtuviera su escaño en el Parlamento Europeo. Este detalle ha sido clave: la Eurocámara considera que no existe relación entre esos hechos y su actividad como eurodiputado, por lo que no procede mantener la inmunidad.
Vía libre para la justicia
La retirada de la inmunidad no implica una condena ni supone que el juicio sea inmediato. Lo que hace es permitir que el Supremo continúe investigando y decida si existen indicios suficientes para procesarle formalmente
Además, Alvise mantiene su escaño y conserva la posibilidad de recurrir la decisión ante instancias europeas, lo que podría alargar el recorrido judicial del caso
Un frente judicial más amplio
Este no es el único problema legal del eurodiputado. El Tribunal Supremo ya ha solicitado un segundo suplicatorio relacionado con una posible financiación irregular de su formación política, en el que se investiga una donación de 100.000 euros durante la campaña electoral.
Además, arrastra otras causas abiertas vinculadas a la difusión de información falsa o conflictos con antiguos miembros de su propio partido, lo que dibuja un escenario judicial complejo en paralelo a su actividad política.