El Supremo puede dar la puntilla a Sánchez mientras el Gobierno no para de apagar fuegos: el verano más duro en Moncloa

Normalmente con la llegada del verano la política entra en una especie de fase de aletargamiento hasta la vuelta de las vacaciones. Sin embargo, Pedro Sánchez, su Gobierno y su partido parece que no van a tener un respiro ni durante la esperada temporada estival de este 2026. Y es que Ferraz y Moncloa no paran de sumar imputaciones y de coleccionar informes de la UCO que les ponen contra las cuerdas. Entre todo esto, el Tribunal Supremo puede acabar rematando al presidente del Ejecutivo si decide tumbar una de las medidas clave de Sánchez: la regularización de inmigrantes.

Con el foco puesto en tratar de contener el desgaste por distintos procedimientos judiciales y polémicas abiertas, el Alto Tribunal ha puesto bajo revisión una de las iniciativas prioritarias para un Gobierno que, en paralelo, siguen centrados en salir públicamente a respaldar a responsables cuestionados por investigaciones judiciales. Desde luego, un panorama que no es el más idóneo.

El Supremo 'amenaza' la regularización masiva de Sánchez

Y es que el Tribunal Supremo ha planteado elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno por si pudiera entrar en conflicto con el derecho comunitario. Lo ha hecho mediante dos providencias dictadas durante la tramitación de los recursos presentados por las comunidades de Valencia y Aragón contra distintos aspectos del real decreto aprobado el pasado 14 de abril.

Antes incluso de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, el alto tribunal ha dado cinco días a las partes para pronunciarse sobre la posibilidad de formular una cuestión prejudicial ante el TJUE.

La duda que plantea el Supremo afecta al encaje de esta regularización con el 'Convenio Schengen', el reglamento europeo aplicable y el Tratado de la Unión Europea. El tribunal ha puesto el foco en que se trata de una regularización de carácter masivo aprobada mediante una norma reglamentaria y sin que conste una coordinación previa con el resto de Estados miembros.

En sus resoluciones, el Supremo recuerda además que el modelo aprobado por el Ejecutivo permitiría que quienes obtengan una primera autorización temporal de residencia puedan circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días dentro de cada periodo de ciento ochenta. El tribunal también ha subrayado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024 refuerza la idea de una gestión común de estos flujos y ha advertido de que la responsabilidad sobre las llegadas migratorias no debe recaer de forma aislada sobre cada Estado.

Sánchez y Hacienda cierran filas con la presidenta de la SEPI

Mientras se abre este nuevo frente, el Ejecutivo también ha tenido que reaccionar a otra imputación más: la de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el denominado caso Leire. Preguntado por los periodistas, Pedro Sánchez ha expresado de forma breve pero contundente que mantiene su respaldo: “Por supuesto, claro que sí”.

Un mensaje reforzado por el ministro de Hacienda (del que depende la SEPI precisamente), Arcadi España, quien ha salido igualmente en defensa de Gualda y ha destacado su “profesionalidad absoluta”, definiéndola como una “gran profesional”, “competente” y una “magnífica servidora pública”.

Marlaska vuelve a contradecirse para proteger a la directora de la Guardia Civil

Otro de los asuntos que ha vuelto a colocar al Gobierno en una posición incómoda ha sido la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en el Senado. Un Marlaska completamente acorralado por el extenso interrogario acerca de los contactos entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la exmilitante socialista Leire Díez. Contactos que en un principio todos negaron y ahora, tras las pruebas, todos reconocen.

Precisamente el elemento que más atención ha concentrado ha sido el reconocimiento del ministro de que sí recibió información sobre uno de esos encuentros, después de haber sostenido anteriormente que no había sido informado. 

Marlaska ha rechazado cualquier contradicción y ha defendido que Mercedes González nunca le ha trasladado versiones distintas sobre lo ocurrido. También ha insistido en que “he dado una versión, no cinco” y ha asegurado que “no engañé a nadie”.

Según ha explicado, la directora de la Guardia Civil le informó de una reunión con Díez —aunque ha señalado que no recuerda si fue identificada expresamente o si se habló simplemente de una persona vinculada al PSOE— interesada en la rehabilitación del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. Además, ha indicado que existieron otros dos encuentros previos que, según la explicación recibida, no estuvieron relacionados con responsabilidades propias de la dirección del cuerpo.

Zapatero y Begoña Gómez mantienen abiertos otros dos focos de desgaste

A estos episodios se suman otros asuntos que siguen proyectando presión política sobre el entorno del Gobierno. El Partido Popular ha anunciado que volverá a citar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, esta vez en la comisión de investigación sobre la SEPI. La portavoz popular, Alicia García, ha asegurado que la situación del expresidente ha cambiado desde su anterior comparecencia y ha sostenido que tendrá que volver a dar explicaciones.

Y por si todo esto fuera poco, Begoña Gómez ha tenido la idea de pedirle al mismo juez que le retiro hace nada el pasaporte que le otorgue una autorización judicial para viajar a Ankara junto a su esposo con motivo de la cumbre de la OTAN y, no solo eso, para posteriormente desplazarse a Londres para asistir a la graduación de su hija. La defensa de Gómez ha solicitado la devolución temporal del pasaporte y ha argumentado que el desplazamiento se realizaría dentro de la delegación oficial y con el dispositivo de seguridad habitual del presidente del Gobierno.

Con este panorama el verano se vislumbra complicado en Moncloa y Ferraz, donde ya no se trata solo de gestionar crisis aisladas sino de contener una sucesión de frentes que se acumulan y se retroalimentan. La posible intervención del TJUE sobre una medida vital del Ejecutivo, las defensas cerradas a responsables señalados y los asuntos que siguen orbitando alrededor del entorno político y personal del presidente dibujan un escenario del todo demoledor.