El Gobierno y su 'patriotismo total' sembrando el odio contra los empresarios

Charles de Gaulle, liberador de Francia y presidente de la República Francesa, habló del patriotismo en un sentido que es necesario lo tengan presente políticos de la izquierda en España. Así afirmó que "patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero, nacionalismo cuando el odio a los demás es lo primero”.

En las últimas semanas, la izquierda española está realizando una campaña furibunda e hipócrita contra diversos líderes empresariales utilizando los términos “patriota y antipatriota”. Miembros del gobierno español han llamado a Juan Roig, capitalista despiadado; a los presidentes de bancos se les ha definido como usureros, codiciosos y avariciosos; a Amancio Ortega le llamaron “evasor fiscal” tras donar 280 millones de euros para la compra de material sanitario; a Ana Botín se le llama “avariciosa”. La finalidad es sembrar odio para evitar que se denuncie la política sectaria que se está imponiendo en nuestro país, utilizando el insulto como aviso al que se atreve a disentir.

Pero los ataques se han recrudecido ante el anuncio de la empresa Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos, que no hay que olvidar que es un Estado miembro de la Unión Europea y por tanto, no es un paraíso fiscal.

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Los insultos de miembros del gobierno se han centrado en la persona de Rafael del Pino al que le han acusado de pirata, codicioso, inaceptable, antiespañol, entre otras lindezas. Destacando en sus ataques la vicepresidenta Calviño y el ministro Escrivá, que pasan por ser los moderados de este gobierno, y la siempre verbalmente descontrolada Ione Belarra.

Todos estos insultos son consentidos por el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez que ha utilizado un viaje a Dinamarca para hacer propaganda de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del presente año, para señalar personalmente al empresario como “antipatriota”.

Desde mi punto de vista, lo más antipatriota es acusar a otros de ganar dinero, de enriquecerse con las hipotecas, de no pagar impuestos, cuando el que acusa, disfruta de beneficios que obtiene por razón de su cargo. En este sentido, el gobierno español alardea de políticas sociales en materia de vivienda cuando algunos de sus miembros utilizan viviendas públicas costeadas por los españoles.

Así pues, en España, el precio del alquiler ha subido casi un 10% en un año y el euroibor ha encarecido las hipotecas a precios imposibles de pagar para las familias españolas. También en nuestro país hay una vivienda social por cada 100 habitantes, cuando la media europea es de cuatro por cada cien habitantes, situándonos a la cola de la Unión europea, destacando el fracaso en política de vivienda en la Comunidad Valenciana donde la promoción de vivienda de protección oficial está parada gracias a la nefasta gestión de los comunistas de Podemos que gestionan esta competencia.

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Pero mientras los españoles cada vez nos ahoga más el precio de la vivienda, provocando que muchos jóvenes y familias vulnerables no encuentren donde poder vivir, hasta doce ministros de distintos gobiernos de Pedro Sánchez han recurrido a las viviendas oficiales para establecer su residencia, sin pagar nada ya que incluso los gastos derivados de su gestión y mantenimiento corren a cargo de los impuestos de los españoles. Es decir, que muchos miembros del gobierno han recurrido al “gratis total”.

Por eso es antipatriótico acusar a otros de ser “avariciosos, usureros y piratas” cuando los miembros del gobierno que acusan, deben dar ejemplo y luchar contra la precariedad en la vivienda facilitando su construcción para compra o alquiler, y sobre todo, evitar cargar al erario público los gastos de las viviendas oficiales, porque,  actualizando la famosa frase de Charles de Gaulle, el patriotismo es trabajar por los ciudadanos, y sembrar el odio con insultos y descalificaciones es puro populismo y trasnochada lucha de clases.