| 26 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Oriol Junqueras
Oriol Junqueras

Los jueces piden a Sánchez que no use la UE para blanquear los indultos

Varias asociaciones judiciales piden la intervención del Gobierno para evitar su desprestigio por un informe europeo en contra de la sentencias por sedición.

| L. S Tribunales

Los jueces han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que impida al Consejo de Europa desprestigiarla Justicia española, que defienda las instituciones y que desmonte la "falacia" que contiene el informe que cuestiona la sentencia del 'procés'. 

Concretamente son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente que advierten del peligro de un informe que cuestiona las condenas por sedición a políticos catalanes y apuesta por conceder el indulto a los condenados y retirar las órdenes de extradición a Carles Puigdemont y al resto de exconseller fugados.

En el documento, redactado por el socialista letón Boris Cilevics, se aconseja a España reformar el delito de sedición y estudiar otras medidas como los indultos para excarcelar a los políticos presos y que no parezca que se castiga la libertad de expresión como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio de los presos por el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017.

 “Varios políticos catalanes de alto rango fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otros, por declaraciones realizadas en ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña” señala la resolución del proyecto del Comité de asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, que ha encendido a los jueces. 

En entredicho el Poder Judicial

Según las asociaciones, este informe pone "en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", por lo que ha pedido al Gobierno que dé la cara y defienda las instituciones.

Por ello, han defendido la independencia del sistema judicial español y han asegurado que ponerlo en duda "constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías".

Se han mostrado heridos al creer que se ha "insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos". "En España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder Ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto", han defendido las asociaciones judiciales.

Comparación de la Justicia de Turquía

Tampoco ha sentado bien a las asociaciones la comparación con Turquía. "El texto sugiere una equiparación entre la situación de España y de Turquía, países cuyos regímenes políticos y situación del estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda, sin que sea preciso abundar en las diferencias por su carácter patente y conocido", han señalado en su comunicado.

Las asociaciones han instado al Gobierno a que "despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de declaración".

También piden que el Consejo General del Poder Judicial que se pronuncie "oficialmente" sobre el contenido del proyecto y denuncie públicamente "las falsedades e inexactitudes" que contiene para "evitar" una declaración que "lesiona el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento cara a los ciudadanos".

El PP quiere saber si el Gobierno ha intervenido ya 

Por su parte, también desde el PP se ha exigido a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explicaciones, para saber si ha intervenido ya en un asunto de daña enormemente la reputación de España de cara al exterior ya que  es "un informe contrario al Estado de Derecho en España".

El partido que dirige Pablo Casado considera que hay un intento del Gobierno de "blanquear y avalar" en el Consejo de Europa los pasos que está dando para conceder indultos a los condenados por el 1-O, abrir una mesa de negociación "política" con la Generalitat y reformar el delito de sedición.