Las víctimas de Adamuz recurren a Europa por la inacción de Puente ante la inseguridad ferroviaria en España

Ocho meses después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), la Asociación Víctimas del Descarrilamiento ha decidido llevar sus reclamaciones a las instituciones europeas ante la inacción del Gobierno y del ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. El colectivo cumple sus advertencias y, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, ha presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para solicitar su intervención y supervisión sobre el sistema de seguridad ferroviaria español.

La iniciativa se produce tras el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas y otras 432 resultaron heridas, por lo que, pasado todo este tiempo, desde la asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz consideran que las actuaciones adoptadas hasta ahora por las autoridades nacionales no ofrecen suficientes garantías y reclama que el organismo europeo audite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad por parte de las autoridades españolas.

El escrito, fechado el 11 de septiembre y firmado por Benítez Ostos, se apoya, según la asociación, en las diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil y en los avances de la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que se han hecho públicos y apuntan a que el carril afectado presentaba una rotura antes de que se produjera el accidente.

La asociación pone el foco especialmente en la capacidad de los actuales sistemas para detectar en tiempo real determinados fallos en la infraestructura ferroviaria. Según su interpretación de los trabajos preliminares de la CIAF, existirían deficiencias en los mecanismos de detección y en la respuesta ante determinadas señales de deterioro de la vía.

La seguridad ferroviaria española a examen en Europa

El abogado Antonio Benítez Ostos sostiene que la falta de respuestas que, a juicio de la asociación, se han producido en el ámbito nacional, que dependen del ministro de Transportes, aunque no ha sido citado en el escrito, ha llevado al colectivo a solicitar la intervención de la ERA.

La petición plantea que el organismo europeo revise las obligaciones de seguridad que corresponden a las autoridades españolas, compruebe su cumplimiento y analice la gestión realizada por los organismos nacionales competentes. Y es que las víctimas de Adamuz buscan una intervención de la Agencia Ferroviaria Europea similar a la investigación del accidente del Alvia ocurrido en Angrois en 2013. En aquel caso, la ERA cuestionó la independencia de la investigación realizada por la CIAF y señaló deficiencias relacionadas con la participación y la información proporcionada a las víctimas.

Al mismo tiempo, la situación de la investigación de Adamuz sigue siendo objeto de seguimiento institucional. El Senado ha registrado varias iniciativas relacionadas con las comunicaciones remitidas por la CIAF a la ERA, en las que se habría puesto de manifiesto la dificultad para completar la investigación dentro del plazo inicialmente previsto y con la profundidad requerida. Estas iniciativas permanecen pendientes de respuesta.

Críticas a la infraestructura y a los sistemas de seguridad

En su denuncia, la asociación también incorpora advertencias técnicas formuladas con anterioridad por representantes de los maquinistas sobre el estado de determinadas infraestructuras ferroviarias. Entre las cuestiones señaladas figuran problemas relacionados con la estabilidad de la rodadura, deformaciones de la vía, desgaste de los carriles y otras incidencias que, según el colectivo, deberían ser objeto de una revisión exhaustiva.

La asociación reclama asimismo mejoras en los sistemas de seguridad del material rodante y en los mecanismos de respuesta ante emergencias. Entre sus peticiones figuran sistemas que permitan localizar de forma inmediata un tren accidentado, mejoras en la vigilancia exterior y medidas para evitar que el equipaje pueda desplazarse y caer sobre los pasajeros durante un siniestro.

También exige una mayor coordinación entre los servicios de emergencias de las distintas comunidades autónomas para que la respuesta ante accidentes ferroviarios sea homogénea en todo el territorio nacional.

Las víctimas mantienen la presión sobre el Gobierno

La denuncia ante la ERA se suma a las distintas actuaciones que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz viene desarrollando desde el accidente. En las últimas semanas, el colectivo también ha manifestado su desacuerdo con la intención de unificar las distintas demandas judiciales relacionadas con el siniestro y ha reclamado mantener capacidad de decisión sobre su representación legal.

Mientras tanto, la atención a los afectados continúa. La Oficina Integral de Atención a las Personas Afectadas por el Accidente Ferroviario de Adamuz, ubicada en la Subdelegación del Gobierno en Huelva, había registrado hasta principios de septiembre 305 solicitudes de ayuda, atendido presencialmente a más de 200 personas y mantenido contacto telefónico con 584 afectados de toda España. Según los datos facilitados por la Subdelegación, se habían abonado ya 3,3 millones de euros en ayudas por fallecimiento.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz considera ahora que la dimensión del accidente y las dudas planteadas sobre la seguridad de la infraestructura justifican que la revisión no quede limitada al ámbito nacional. Su objetivo es que la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea examine las actuaciones de las autoridades españolas y determine si las medidas de seguridad existentes cumplen con las exigencias europeas.