La justicia permite recuperar otra pequeña parte del botín de los ERE del PSOE-A

La causa de corrupción de los expedientes de regulación de empleos (ERE) fraudulentos que se extendieron por Andalucía con los gobiernos socialistas tiene señalados a sus máximos responsables políticos, pero en esta trama también participaron otros actores, como empresarios y sindicatos que sacaron 'tajada' del reparto ilícito de fondos.

La última pieza, de las numerosas en las que se divide esta macrocausa, que se ha resuelto este lunes en los tribunales es prueba de ello, pero también de que todavía existe la posibilidad de ir recuperando poco a poco parte del botín 'robado' de las arcas públicas andaluzas, cifrado en casi 700 millones de euros.

Los juicios pendientes serán clave para recuperar el "botín robado" de los ERE

Al respecto, la Audiencia de Sevilla ha resuelto, tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio promovido contra un empresario acusado de ser cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, derivado de una ayuda de 120.000 euros concedida "injustamente" a una empresa que administraba, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, usada para la financiación de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias.

Mediante dicho acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa del acusado, J.B.C., administrador único de la empresa Picos Yeye y Cohollero, radicada en Puerto Real (Cádiz) y dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos de panadería, bollería y pastelería, ha reconocido los hechos con la consideración de que no tuvo lucro personal de los mismos.

Mediante este acuerdo, si bien la Fiscalía reclamaba inicialmente para el empresario J.B.C. dos años y nueve meses de cárcel y siete años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, su condena ha sido reducida a un año y seis meses de cárcel, con la imposición además de restituir la cuantía de 120.000 euros a las arcas públicas, extremo que ya solicitaba inicialmente el Ministerio Público.

Los exdirigentes socialistas de la Junta implicados 

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el dueño de la empresa solicitó en julio de 2018 un ERE respecto a nueve empleados de la entidad "con la finalidad de suprimir uno de los tres turnos de fabricación por falta de pago de las facturas de su principal cliente, paralización inmediata de los pedidos pendientes de fabricar y la necesidad reducir la producción".

Aunque la Junta de Andalucía "disponía de subvenciones y ayudas públicas amparadas en la Ley autonómica 5/83", según el Ministerio Público, el empresario, "sabedor que podía obtener fondos públicos de la Junta de Andalucía al margen de los procedimientos legalmente establecidos, consiguió que el director general de Trabajo y Seguridad Social" Juan Márquez "beneficiara injustamente" a su empresa con una ayuda de 120.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción, en ese sentido, expone que Juan Márquez, "contraviniendo de forma clamorosa los intereses generales, sin que llegara a acreditarse en ningún caso el fin público de su aplicación, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido, con el conocimiento y beneplácito de sus superiores" Agustín Barberá como viceconsejero de Empleo y Antonio Fernández como consejero, "contravino las más elementales normas de procedimiento en la gestión de los fondos públicos" asignados a esta empresa.

El PSOE-A suma otro caso de fraude y malversación de fondos de tres exconsejeros

Estos exresponsables socialistas de la Junta están condenados a penas de cárcel y/o inhabilitación en la sentencia de la Audiencia sevillana sobre la 'pieza política', la misma que ha condenado a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Además, Antonio Fernández y Juan Márquez están condenados a penas de cárcel por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), otra pieza separada de la macro causa de los ERE, resuelta mediante una sentencia emitida precisamente por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Fernández, por cierto, ha acudido a esta vista en calidad de testigo, si bien no ha sido necesaria su comparecencia dada la conformidad alcanzada entre las partes.