| 20 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, junto a sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso de los ERE:
La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, junto a sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso de los ERE:

Chaves y Griñán maniobran en el Supremo para sortear el bochorno de los ERE

El Supremo dirime sobre los recursos de los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán a las condenas por los ERE y se espera su pronto dictamen. Se estima que fueron desviados 680 millones.

| Manuela Herreros Andalucía

Todo olía mal dentro de la administración pública andaluza allá por enero de 2011, cuando comienzan las primeras investigaciones sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) que había concedido la Junta de Andalucía a diferentes empresas y organismos.

La conocida como la macro causa de corrupción más extensa y compleja que ha ocurrido en España tiene su domicilio en Andalucía y los titulares de la misma son los máximos responsables del Gobierno andaluz.

Desde los expresidentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pasando por consejeros y altos directivos al frente de las áreas de Empleo y Trabajo, hasta alcanzar a miembros de los sindicatos UGT-A y CCOO-A y a las propias empresas beneficiarias.

Toda una trama que tenía un objetivo común: aprovecharse y utilizar para su propio interés el dinero público de todos los andaluces. Un verdadero atraco, no con pistola en mano, sino con el poder que otorga el sillón en la administración. Es decir, usaron su influencia y sus cargos de responsabilidad para destinar el dinero, que tenía como fin ayudar a los parados de la comunidad, para su beneficio propio.

La causa que comenzó en 2011 y acabó en la sentencia en 2018

Fue la juez Mercedes Alaya la primera en iniciar el proceso judicial a raíz de las sospechas sobre el ERE de Mercasevilla y a partir de ahí se van sucediendo uno a uno los escándalos, por lo que la causa se ha divido en más de 40 piezas separadas.

Pero todo explota un año después, en 2012, por las declaraciones del que fue chófer del exconsejero de Trabajo, Javier Guerrero, ya fallecido. El conductor, Juan Francisco Trujillo, aseguró que el dinero también tenía una finalidad más 'lúdica' que estas prejubilaciones, iban a parar a "cocaina, fiestas y copas". Tras estas palabras Alaya toma declaración a Guerrero que no deja títere con cabeza y salpica a todo el Gobierno de la Junta.

Los máximos responsables eran conocedores de estos 'fondos reptiles', una caja negra con la que pagaban sus juergas, contrataban afines a su siglas y compraban voluntades, y de la que Guerrero era el repartidor, ganándose así la primera condena y su ingreso en prisión.

Aparecen los expresidentes Chaves y Griñán

No es hasta mediados del 2013 donde los titulares de prensa se llenan de rostros muy conocidas. La jueza imputa a una veintena de cargos públicos, entre ellos a la exministra Magdalena Álvarez, y lanza la preimputación para los expresidentes Chaves y Griñán y cinco exconsejeros.

Una fecha para no olvidar para los andaluces la del 10 de septiembre de 2013, pero tampoco para otra 'ilustre' socialista. La hoy senadora Susana Díaz tomaba posesión del cargo como presidenta de la Junta al mismo tiempo que sus predecesores se ponían bajo el foco de la justicia.

 La investigación sigue su curso con una gran redada ante los indicios de fraude en ayudas dirigidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla y Huelva, detenciones e imputaciones, a las que se suman las organizaciones sindicales como responsables subsidiarias y aparece en escena también Nueva Rumasa.

No es hasta agosto de 2014 cuando la causa aterriza en el Tribunal Supremo para pedir que se investigue a los aforados Chaves y Griñán, junto los políticos Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno. El alto tribunal abre la causa contra los expresidentes que declaran en abril de 2015 por presuntos delitos de prevaricación y malversación y deja al resto en manos del TSJA, excepto a Zarrías.

Aún están pendientes otras muchas piezas que están en manos del juez, cuyas sentencias llegan en dosis espaciadas a la opinión pública, como ha ocurrido esta misma semana con la segunda sentencia condenatoria al exconsejero de Empleo

Todos ellos se sacuden las posibles responsabilidades y se muestran ajenos a cualquier información del desvío de dinero público. Pero la Audiencia de Sevilla continúa con el procesamiento al considerar que los presidentes andaluces era conocedores del uso de estas transferencias y tras varios jueces al frente de la causa arranca el juicio en diciembre de 2017, alargándose durante todo un año e implicando a 22 personas.

La sentencia de los ERE

El 19 de noviembre de 2019 se confirma que durante más de una década se cometió este monumental expolio a las arcas públicas y se implantó un sistema fraudulento, con los socialistas al frente, "plenamente conscientes", y donde se contabilizan unos 680 millones de euros desviados sin control.

Condena de 6 años y dos días de cárcel e inhabilitación absoluta por 15 años y dos días para José Antonio Griñán, por autor de un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. Para Chaves una pena de 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

La exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías fueron inhabilitados por prevaricación, mientras que las mayores penas fueron impuestas a los exconsejeros Antonio Fernández y Francisco Guerrero, con siete años de prisión. Los políticos José Antonio Viera (consejero Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) son condenados a siete años de cárcel y Carmen Martínez Aguayo (Economía) a seis.

El recurso sobre el que el Supremo se pronuncia en este 2022

La sentencia contra Chaves y Griñán fue recurrida por ambos ante el Tribunal Supremo, que desde octubre estudia sus escritos y el de la Fiscalía, que solicita que se confirmen las condenas. Todo señala que este 2022 será decisivo y se cierre este capítulo de la pieza política de los ERE.

Aunque no quedará ahí el asunto, porque aún están pendientes otras muchas piezas que están en manos del juez José Ignacio Vilaplana, cuyas sentencias llegan en dosis espaciadas a la opinión pública, como ha ocurrido esta misma semana con la segunda sentencia condenatoria al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y al exdirector de Trabajo de la Junta, Juan Márquez. 

 

El PSOE-A tocado y hundido

El panorama que se le presenta al socialismo en la comunidad es de lo más nefasto. Será difícil para el senador y candidato a la Junta, Juan Espadas, luchar por un sillón en el que los 'suyos' cometieron el mayor saqueo a las arcas públicas conocido.

Juan Espadas y Susana Díaz en un acto del PSOE-A.

Además no es ajeno al escándalo pues fue consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio desde 2008 a 2010, justo cuando se produce el cambio de presidentes, de Chaves a Griñán. Algo se escucharía por los pasillos de San Telmo en aquella etapa, aunque no esté involucrado en el caso.

 

Difícil tapar la época más oscura del PSOE-A en los pocos meses que quedan para que se celebren elecciones y más aún si se reafirma la sentencia este mismo año.

Pero Espadas ha optado por darse la mano con Pedro Sánchez y aguantar el tipo, para borrar de la mente de los andaluces a sus antecesores. Incluso a Susana Díaz, que también hizo la vista gorda ante los requerimientos sobre otros peliagudos asuntos como la Faffe y sus  contrataciones  irregulares.