Todo vale para atacar a Ayuso: brutal ridículo del PSOE en el Parlamento Europeo

Dicen que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. El problema es que cuando no se tiene argumentos y cuando se trata de exprimir al máximo un problema social para, lejos de ayudar a los damnificados, tratar de extraer el mayor rédito electoral -politizándolo todo- pues no queda otra que incurrir en un elocuente ridículo. Y eso es lo que le ocurrió al PSOE y sus afines en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la más importante, por cierto.

Pongo al lector en contexto. El PSOE lanzó una petición en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que la Comisión Europea investigara la conculcación de derechos fundamentales por parte de la Comunidad de Madrid en el marco de los damnificados por las obras del metro de San Fernando de Henares. 

El objetivo, tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña esta nota, no era otro que desgastar y atacar a una Isabel Díaz Ayuso que está rozando la mayoría absoluta en todas las encuestas de las empresas demoscópicas privadas. Trataron desde el PSOE, y en connivencia con sus aliados habituales -aunque sin resultado-, que este tema social llegara a la agenda mediática e institucional de la Unión Europea y, así, tratar de usarlo en su beneficio político y electoral a nivel nacional. Les salió, como se dice, ‘el tiro por la culata’. 

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Muchos insultos pero ningún argumento

Para empezar, el nivel argumentativo de los eurodiputados socialistas, de Podemos y nacionalistas fue, más bien, escaso. Simplemente se dedicaron a vertir insultos llegando a calificar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid de ‘asesina’.

Tanto fue así, que la ex ministra de Sanidad y actual eurodiputada por el PP -desde el 2019-, Dolors Montserrat, pidió que “se retire una acusación que hace a una Presidenta de una región, ya que la Presidenta no se encuentra aquí, tras acusarla de asesina”.

En efecto, la eurodiputada Ana Miranda, por el BNG, llegó a afirmar que: “Ayuso ha sido la responsable de la muerte de muchas personas mayores en las residencias”.

La eurodiputada del PSOE Cristina Maestre, además, aseguró que: “En Madrid hay un gobierno sin alma que se instala en el ninguneo y en la negación sino que además emite mensajes envenenados y falsos”.

La Comunidad de Madrid, por su parte, a través de la Dirección General de Infraestructuras, ha expuesto en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de Bruselas los trabajos que se están realizando en la zona afectada por la línea 7B en San Fernando para salvaguardar la seguridad de todos los vecinos.

En este sentido, el director general de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid  destacó que la seguridad de los vecinos y usuarios, la atención a los afectados y la recuperación de la zona y sus infraestructuras, son una prioridad para la Comunidad de Madrid, y para ello se han dispuesto todos los recursos que en cada momento han sido necesarios.

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Desde que se detectaron las primeras incidencias en la zona, el Gobierno regional ha identificado, catalogado e instrumentalizado todos los edificios afectados realizando mediciones con carácter semanal, lo que supone un seguimiento continuo de su evolución, permitiendo una detección precoz de problemas que pudieran aparecer.

Hasta la fecha se ha procedido al desalojo y realojo de 84 familias en 12 edificios. En relación a las familias desalojadas, la Comunidad de Madrid, mediante órdenes de emergencia, se ha hecho, y se hace cargo, de forma directa e inmediata de los gastos que cada familia solicita para alojamiento en viviendas de alquiler o apartahoteles, siendo la alternativa habitacional elegida por cada afectado atendiendo a su situación particular; manutención, transporte entre el punto de realojo y San Fernando de Henares, mudanza de muebles y enseres, así como alquiler y abono de guardamuebles, suministros de agua, energía, luz, gas y telefonía del alojamiento alojamiento, plazas de garaje en plazas de estacionamiento privado y vigilancia de los inmuebles desalojados para evitar ocupaciones ilegales.

Los primeros desalojos se produjeron en septiembre de 2021 y hasta la fecha, la Comunidad de Madrid ha abonado por estos conceptos 2,9 millones de euros. Por ejemplo, a una familia se le ha abonado 60.000 euros en un año (29.000 en alojamiento, 7.000 para desplazamientos, 22.000 en manutención, 1.000 para suministros de agua, luz, internet, telefonía.. y otros 1.000 en trasteros).

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La Comisión Europea, sin competencias para investigar la petición del PSOE

Más allá del contenido, el primer gran ridículo del PSOE y socios es impulsar una petición en la Comisión de Peticiones que saben, de antemano, que será rechazada: la Comisión Europea no cuenta con las competencias para investigar asuntos que atañen a los derechos fundamentales de los Estados Miembros.

Y lo sabían. Tanto es así que durante su discurso, la eurodiputada del BNG reconoció que “la Comisión Europea no tiene competencias pero merece que esta petición siga abierta”.

¿Pero cómo se va a debatir y mantener abierta una petición de investigación que la Comisión Europea no puede investigar?, cabría preguntarle a la eurodiputada. Desde luego, lo que se evidencia es que el único objetivo que buscaban, como decíamos, es desgastar políticamente a Ayuso usando el impulso mediático que ofrece la Unión Europea.

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Mónica Silvana, la eurodiputada del PSOE que inició la petición, está inhabilitada por acoso

Y, como colofón, cabe destacar que la eurodiputada del PSOE que impulsó la petición es Mónica Silvana, recientemente suspendida de su actividad durante 30 días y sin acceso a dietas durante tal periodo, lo que le supondrá un castigo de unos 10.000 euros.

Concretamente, el Parlamento Europeo la sancionó por “acoso psicológico” a sus tres asistentes. Así lo anunció la presidenta, Roberta Metsola, al inicio del Pleno en Estrasburgo después de un proceso del comité consultivo en el que se han analizado las denuncias de los trabajadores y se han escuchado las explicaciones de la parlamentaria socialista que niega las acusaciones considerándolas “injustas”. 

Es decir, que la eurodiputada socialista que impulsó la petición no pudo asistir a su debate en la Comisión de Peticiones al estar inhabilitada. No pudo ir a debatir su propia petición.

Desde luego, vaya show.